¿ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA?
Por Gabriel Torres
El Instituto Nacional Electoral
(INE) aprobó que las precampañas iniciarán hasta el 20 de noviembre, y
terminarán el 18 de enero. El INE tuvo que modificar la fecha de arranque de
las precampañas para el proceso electoral federal del 2024, tras la resolución
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Las precampañas,
básicamente son el proceso previo a las elecciones, que permite a los partidos
seleccionar a sus candidatos. Precisamente se regularon para asegurar un
proceso electoral más justo, transparente y equitativo.
La regulación de las precampañas se
encuentra establecida en la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales (LGIPE) y las leyes electorales estatales. Estos instrumentos
legales y normativos fijan plazos específicos para la realización de precampañas,
limitaciones en los gastos de campaña, restricciones sobre la promoción de los
precandidatos en los medios de comunicación, y requisitos de informe y
transparencia en relación con las actividades de las precampañas. Pero acaso,
¿no es evidente que esto ya inició?
Se supone que, antes de que estuviesen
reguladas, los partidos políticos utilizaban las precampañas como una forma de
promocionar a sus candidatos antes de que oficialmente fueran nominados
(registrados oficialmente ante la autoridad electoral), lo que daba lugar a competencias
desiguales, inequitativas y prácticas indebidas. Al regular las precampañas, se
buscó nivelar la competencia electoral y garantizar que todos los partidos posean
igualdad de oportunidades para presentar a sus candidatos y propuestas ante el
electorado, cara la obtención del sufragio.
No obstante, hemos observado diferentes
acciones que promocionan a un candidata o candidato antes del período oficial
de precampaña electoral. La simulación, que en realidad se trata de actos
anticipados de campaña, promueven de manera encubierta a un aspirante o partido
político, como ha sucedido durante todo este accidentado proceso. Esta
simulación es dañina porque provoca desigualdades en la competencia electoral y
socava los principios de equidad y transparencia al obtener ventajas indebidas
sobre sus oponentes, lo que distorsiona el proceso electoral. Un retroceso
respecto de lo que ya se había avanzado.

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